Brutal ataque a un derecho social básico: la ampliación del periodo de cálculo recortará un 10% la pensión media

Brutal ataque a un derecho social básico: la ampliación del periodo de cálculo recortará un 10% la pensión media

El acuerdo de los partidos del capital para ampliar el número de años supondrá un brutal recorte de las pensiones publicas. Y no será sólo ese recorte: preparan más.

Kaos. Laboral y Economía | agencias | Hoy a las 13:02 | 650 lecturas | 13 comentarios

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El diputado de IU, Gaspar Llamazares, ha denunciado que la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones, aspecto en el que coinciden PSOE, PP y CiU, supondrá un recorte de la pensión media de cerca del 10% para 2030.

Llamazares, en declaraciones a RNE, también ha explicado que si se ampliara la edad de jubilación a los 67 años la pensión media del sistema se vería reducida en un 6%.

El diputado de IU se ha quejado de que todas las propuestas que se están realizando en el Pacto de Toledo se traducirían en recortes. Frente a ello, ha añadido, "no hay nada" que se esté planteando para mejorar los ingresos del sistema y las pensiones más bajas.

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Primer pacto para recortar las pensiones

La mayoría del Congreso acuerda ampliar el periodo de cálculo de las prestaciones - Los grupos ultiman una redacción ambigua sobre la edad de jubilación

El Congreso ha decidido mantener la tensión hasta el último minuto para pronunciarse sobre el aspecto más relevante de la reforma de las pensiones: la edad de jubilación. Los grupos mayoritarios del Pacto de Toledo lograron anoche ponerse de acuerdo sobre casi todos los cambios que se deben aplicar al sistema de pensiones. El principal de ellos es la ampliación del periodo de cálculo de las prestaciones, lo que implica rebajarlas para la mayor parte de quienes se jubilen de aquí a unos años. E hicieron un intento respecto a la edad de jubilación con una redacción ambigua que elude concretar la edad de retiro. La propuesta se cerrará hoy, previsiblemente con el acuerdo de los grupos mayoritarios.

Esta tarde se debatirán los cambios en la pensión de viudedad

La jornada maratoniana de ayer sirvió al menos para pactar uno de los aspectos clave de la reforma de las pensiones, los años que se tienen en cuenta para calcular la pensión (ahora, los 15 últimos) y el peso que tienen los años cotizados a la hora de acceder a la prestación máxima. El texto acordado no fija una nueva referencia para esos años que se toman en cuenta, aunque el Gobierno se ha mostrado partidario de elevarla a 20 (en un primer momento el Ministerio de Economía habló de 25, aunque luego rebajó esa propuesta a la categoría de ejemplo). Ampliar esa horquilla de años beneficia al colectivo de expulsados prematuramente del mercado laboral pero perjudica al resto (es decir, a la mayoría), pues generalmente los últimos años cotizados coinciden con los de salarios más altos. Y cuanto más atrás se comience a tener en cuenta, más suele bajar la media de la pensión.

El PP, clave para que el acuerdo resulte representativo del Parlamento, es incluso más ambicioso que el Gobierno en el planteamiento. El portavoz de este grupo en el Pacto de Toledo, Tomás Burgos, asegura que apoyarán cualquier propuesta que haga el Ejecutivo en esta línea "siempre que se haga con gradualidad y fundamentada en criterios objetivos". Pero aspiran a que el periodo que se tome como referencia sea superior, pues los efectos que tendría que tomar esos últimos 20 años cotizados "no serían muy apreciables". Este grupo apuesta por un periodo mayor, sin concretarlo, aunque su aplicación sea muy dilatada en el tiempo.

También hay acuerdo mayoritario en otorgar más peso a los últimos años de cotización que permiten alcanzar la pensión máxima. Eso implica que quienes tengan pocos años cotizados se quedarán más lejos de la pensión máxima a la que tengan derecho de lo que están ahora, mientras que los que acumulen ya un buen número de años en el sistema tendrán más fácil acercarse a la máxima. Tampoco es previsible que se concreten numéricamente los cambios en este terreno.

Más difuso es el modelo hilvanado para propiciar un acuerdo mayoritario respecto a la edad de jubilación. El modelo esbozado anoche incluye la necesidad de equiparar la edad real de jubilación (63,5 años de media) a la edad legal, la conveniencia de tomar en cuenta la expectativa de vida a la hora de fijar la retirada del mercado de trabajo, así como la necesidad de frenar las prejubilaciones y otras fórmulas de abandono temprano del mercado de trabajo. "Con toda la prudencia, esto puede permitir un consenso de mayoría muy amplia", aseguró el diputado de CiU Carles Campuzano.

Ninguno de los grupos quiso renunciar anoche a sus posturas previas sobre la edad de jubilación, el asunto más espinoso del Pacto de Toledo, que desde 1995 acuerda los cambios fundamentales en el sistema de pensiones y que ha encallado en este asunto desde que el Gobierno planteó, hace casi un año, su voluntad de elevar a 67 años la edad de jubilación. El grupo socialista confía en lograr un acuerdo suficientemente ambiguo a este respecto como para permitir el acuerdo parlamentario y dar margen al Ejecutivo para mantener los 67 años en el proyecto de ley que presentará el próximo 28 de enero. Y el Partido Popular quiere evitar a toda costa darle esa carta blanca. "El Pacto de Toledo no puede ampararse en la ambigüedad, en el oscurantismo", argumentó Tomás Burgos.

Pese a todo, su homóloga socialista, la diputada Isabel López i Chamosa, aseguró que el propio Burgos había participado en la redacción del borrador de acuerdo sobre la edad de jubilación y que confiaba en que concretase hoy su apoyo. La diputada asegura que su grupo no renuncia a los 67 años como edad legal pero asume que no figurará en el texto que salga del Congreso. Y en correspondencia pide al resto de grupos, en especial al PP, que no exijan un pronunciamiento explícito sobre la edad legal. Una solución para cuadrar el círculo consistiría en aludir al actual marco legal, los 65 años, sin prejuzgar el que pueda resultar en el futuro. Fue la pista que deslizó Campuzano, aunque el PP eludió decir si lo considera suficiente.

Con estas bases, la comisión del Pacto de Toledo se reúne de nuevo esta tarde para cerrar un acuerdo definitivo sobre la edad de jubilación y sobre las pensiones de viudedad, el único elemento de enjundia aún pendiente. Sobre este último asunto, el PSOE va a proponer, entre otras cuestiones, una reflexión sobre la conveniencia de diferenciar entre viudos con rentas y sin rentas, una distinción ahora irrelevante para el sistema, que otorga la prestación independientemente de los ingresos del cónyuge superviviente. Más fácil será llegar a un acuerdo sobre una mejora de las prestaciones de orfandad, que también figura entre las sugerencias del PSOE.

Los grupos que ya se han apartado de los acuerdos que previsiblemente se cerrarán hoy son Izquierda Unida, ERC y BNG. "No vamos a aceptar posiciones ambiguas. Tienen que salir los 65 años como edad legal", subrayó Gaspar Llamazares, de IU. Joan Tardá, de ERC, acercó la posición de su grupo a la que mantendrán los sindicatos y posiblemente una buena parte de la sociedad: "Divergimos de lo que se decide aquí y nos acercamos a la calle".

Las claves

- La comisión del Pacto de Toledo, el órgano compuesto por todos los partidos encargado de vigilar la viabilidad del sistema de pensiones, ha llegado a un acuerdo para ampliar el periodo de cálculo de las prestaciones, ahora fijado en 15 años, aunque sin fijar un nuevo plazo concreto.

- Solo se ha acordado que la ampliación se hará con criterio gradual y seguirá habiendo una pensión máxima y una pensión mínima.

- El PSOE pretende que el nuevo plazo sea de 25 años, pero ha retirado esta exigencia para facilitar el acuerdo. El PP está dispuesto a que ése sea el plazo.

- El otro gran eje de la reforma es el del retraso en la edad de la jubilación. El Gobierno quiere que pase de los 65 a los 67 años, pero no se ha cerrado ningún acuerdo concreto y el borrador es ambiguo.

- El Gobierno se ha comprometido a cerrar la reforma, con acuerdo o sin acuerdo, el próximo 28 de enero, adelantando en dos meses el anterior plazo ante las últimas turbulencias que han disparado el precio de la financiación de la deuda.

- Del principio de acuerdo se han desmarcado Izquierda Unida, ICV, ERC y BNG, y se han sumado PSOE, PP, CiU, PNV y Coalición Canaria.