a lucha contra los paraísos fiscales llevada a cabo en los últimos tiempos por Gobiernos y organizaciones internacionales, aunque disfrazada de justicia social, es en realidad un episodio más de una encarnizada lucha por el control de los capitales del mundo. Este artículo analiza el doble rasero que es aplicado tanto por las Administraciones públicas como el ciudadano de a pie a la hora de enfrentar la evasión fiscal.
Los paraísos fiscales vuelven a estar en el punto de mira. Desde la cumbre del G-20 en Londres en de abril de 2009, se ha redoblado la presión sobre los centros financieros offshore, para que relajen su secreto bancario y acaben con la opacidad en la creación de sociedades, trusts y fundaciones privadas. El propósito es claro: acabar con la evasión fiscal o si esto no se consigue, amedrentar al máximo a los defraudadores para que repatríen capitales a sus países de origen, para llenar con ellos las vacías arcas estatales. Algunos Gobiernos, como el italiano, incluso tratan de incentivar este regreso de de dinero con una amnistía fiscal.
No nos engañemos. Por mucho que a nuestros políticos se les llene la boca de consignas de justicia social y lucha contra la pobreza, el movimiento tiene poco que ver con estos nobles principios. En realidad estas razones no son más que una cortina de humo que trata de ganar el apoyo popular para la causa y disfrazar lo que en realidad no es más que una guerra encubierta por el control de los capitales en el mundo. A nadie parece molestarle que por ejemplo en Estados Unidos o Inglaterra, existan tipos de empresas que pueden ser utilizadas por los no redientes como auténticas sociedades offshore, con directores fiduciarios, los llamados “hombres de paja”, incluidos.
Tampoco que en los bancos americanos se encuentren depositados millones de dólares que están libres de retenciones por pertenecer a extranjeros que viven fuera del país, los cuales en su gran mayoría no los declaran en su lugar de residencia. Al fin y al cabo es más sencillo e interesante quitarles el pan a las pequeñas e indefensas islas del Caribe, que todavía arrastran la fama acumulada durante las últimas décadas de ser centros destinados al blanqueo de dinero.
Todo vale con tal de cumplir unos fines económicos y de paso conseguir el aplauso de los sectores críticos de izquierdas, que entonces descargarán su furia sobre este nuevo enemigo común, en vez de alzarse contra los verdaderos responsables de la crisis y pedir el fin del sistema neoliberal. Los paraísos fiscales se convierten así en un socorrido chivo expiatorio. “La desregulación y opacidad de estos países ha permitido que se realicen operaciones financieras oscuras o fraudulentas”, nos dicen. ¿Pero dónde se sientan los “autores intelectuales” de estas operaciones? ¿En las Islas Caimán o en las bolsas de Wall Street y Londres? ¿Y de donde procedían las hipotecas basura, de las Seychelles o de Estados Unidos?
Una prueba clara de que prima el afán recaudatorio sobre los criterios morales es que diferentes gobiernos, entre ellos el francés, el alemán o el español, permiten paralelamente que sociedades residentes en paraísos fiscales compren deuda pública pagando menos impuestos que los propios ciudadanos nacionales y además puedan adquirirla sin desvelar su identidad. Es decir, que el dinero negro (supuestamente procedente del narcotráfico o la financiación del terrorismo) de repente se convierte blanco, cuando lo reinvertimos en nuestra propia economía.
Las autoridades quieren acabar con la evasión fiscal y en la medida de lo posible, también con su “hermana” legal, la elusión fiscal. Esta consiste en aprovechar vacíos legales y diferencias entre las legislación de los países, para reducir la carga tributaria. De nuevo en esta lucha, legítima al menos en lo que la evasión fiscal se refiere, - la elusión puede ser moralmente, pero no legalmente discutible- se enarbola la bandera de la justicia social. La evasión fiscal provoca que haya menos recursos para atender a los necesitados, para invertir en sanidad, protección de desempleados, etc. Si bien esto es cierto, los mismos Gobiernos que usan estos argumentos para justificar la lucha contra los paraísos fiscales, aplauden entusiastamente el proceso de globalización de la economía.
Nos predican lo dañino que es el proteccionismo y las múltiples ventajas que nos trae a todos la liberalización de la economía en términos de prosperidad. A nadie parece importarle mucho que niños menores de edad y un ejército de pobres se deslomen de sol a sol en el tercer mundo para enviarnos contenedores y contendores de ropa barata, artículos electrónicos y toda suerte de baratijas que no necesitamos. O lo que es peor (para nosotros), que nuestras fábricas cierren una tras otra porque se marchan a producir a lugares más baratos, donde pueden contaminar el medio ambiente a su antojo y explotar a empleados desprotegidos, mientras nuestros trabajadores autóctonos pasan a engrosar las filas de desempleados. O sea, que la libre competencia fiscal es muy dañina, pero destruir nuestra propia economía, lo que no tardará en traer recortes en las prestaciones sociales, no es tan malo y por supuesto nadie puede evitarlo porque es un proceso irreversible. Esto al menos el lo que nos repiten incesantemente. ¿Pero alguien se ha preguntado alguna vez por qué este proceso debería no ser reversible? ¿Acaso se hundiría el mundo si volviéramos a comprar lavadoras o computadoras fabricadas en nuestra ciudad?
Pero, el ciudadano de a pie también tiene su parte de responsabilidad. Por un lado aplaude que “echen el guante” a los ricos que tienen sus millones depositados en paraísos fiscales, lo que por cierto es además una apreciación errónea, porque hoy en día no son sólo las personas acaudaladas las que usan estos oasis libres de impuestos. Sin embargo, por otro lado ve con simpatía al vecino que se ahorra parte del IVA al comprarse una casa, porque declara un valor de compra menor con la complacencia de la inmobiliaria y del notario, o que gustosamente acepta la oferta del fontanero de pagar algo menos por la reparación de la cisterna del baño a cambio de no hacerle una factura con IVA. ¡Eso no es evasión fiscal, no, es la picaresca nacional! Si fuéramos ricos, claro, inmediatamente nos volveríamos honrados y estaríamos deseando que llegara la hora de presentar nuestra declaración de la renta para poder entregar casi el 50% de lo que hemos ganado al padre Estado. Pero es no es todo. Tampoco actuamos de forma diferente cuando alegremente compramos la última ganga “made in Asia”, aunque todos sepamos de sobra lo que hay detrás de ella… Destrucción de puestos de trabajo en nuestro país, trabajo infantil, desprecio por el medio ambiente, falta de protección social… ¡Y luego criticamos a una pequeña isla tropical o a un banco suizo por aceptar dinero defraudado en otras partes!
Con esto no quiero ni mucho menos hacer apología de la evasión fiscal, sólo destacar que nuestra moral es muy variable según nos convenga. También el tan cacareado argumento del lavado de dinero, ya no está tan claro hoy en día. La mayoría de los paraísos fiscales han puesto en marcha medidas contra el blanqueo de capitales e intercambian información en caso de evidencias de delito grave. Precisamente algunos de estos países tienen medidas bastante más estrictas contra el blanqueo de capitales que muchos estados occidentales. Así, por ejemplo, en Antigua y Barbuda se prohíben totalmente el depósito de dinero en efectivo o cheques al portador en sus bancos offshore, mientras que en Estados Unidos todavía se pueden comprar las famosas “Money orders” en cualquier tienda, pagando con efectivo y sin identificación alguna.
Dicho sea además, que en nuestros países “modélicos” también se blanquea mucho dinero. Es un secreto a voces que por ejemplo en ciertos lugares del sur de España se han blanqueado millones de euros en el mercado inmobiliario, y no hablemos de la Mafia italiana, que controla gran parte de la economía de ese país europeo… ¿Nos planteamos por ello prohibir la compra-venta de casas en la costa española, o no ir nunca de vacaciones a una ciudad situada al sur de Roma? Seguramente no.
Sería de justicia exigir a nuestros Gobiernos que si realmente quieren luchar contra la evasión fiscal y el blanqueo de dinero, todos los países sean medidos con el mismo rasero y que se pongan coto a muchos abusos que toleramos sin pensarlo y que no por ello son menos graves. Mientras las leyes que existan para unos y para otros no sean las mismas, será cómo si jugáramos al mismo juego, en el mismo tablero, pero con reglas diferentes. Y esto no sólo aplica a los paraísos fiscales, sino en general para todos los aspectos del libre mercado.
Richard Ballester es un experto en finanzas y banca internacional. Durante sus más de diez años de experiencia como consultor financiero, se ha convertido en una reconocida autoridad en el campo de los paraísos fiscales y la banca offshore. Es además colaborador habitual de la Web http://www.paraisos-fiscales.info
No hay comentarios:
Publicar un comentario