Galicia ya tiene más pensionistas y parados que trabajadores activos

Cotizan un millón de asalariados y autónomos para cubrir las percepciones de 231.721 parados y 786.225 jubilados

Miguel Á. Rodríguez

 

LA VOZ/REDACCIÓN.

 

12/12/2010

A un mes de que el Gobierno central anuncie la temida reforma de las pensiones, la estadística amenaza seriamente el denominado Estado del bienestar. La mella de la crisis en el mercado laboral y en la recaudación de impuestos, el repliegue de la inmigración y el envejecimiento de la población están comenzando a reventar la caja pública.

Tanto que Galicia, por primera vez en los últimos diez años, tiene ya más pensionistas y parados que trabajadores en activo. Con datos del pasado noviembre, en la comunidad hay en total 1.005.776 hombres y mujeres que están asalariados o son autónomos y que cotizan a la Seguridad Social. Pero lo que pagan ya no sería suficiente para garantizarse sus pensiones y, además, aportar ayudas para los 231.721 parados, y las pensiones o prestaciones sociales de un total de 786.225 personas que perciben estas rentas del Estado.

La comunidad vive muy alejada de la media nacional. Por cada cien trabajadores activos en España, hay 69,9 parados o pensionistas. En Galicia trabajan cien para pagar a 101,2 receptores de alguna prestación. De nuevo aquí la brecha entre la Galicia industrializada y la interior resulta aplastante. En Pontevedra trabajan 100 para 95 desempleados o pensionistas. Y en A Coruña lo hacen para 92. Pero en Lugo cotizan un centenar para 120 perceptores de las prestaciones. Y en Ourense lo hacen para 135,8.

Ninguna economía resistiría este pésimo nivel de cobertura, de no ser por la solidaridad interterritorial contemplada en el pacto para la financiación autonómica. Junto a Andalucía y Extremadura, Galicia es el territorio más beneficiado por este reparto entre las zonas ricas y pobres. Pero las comunidades netamente contribuidoras al fondo de compensación elevan el tono de sus protestas, caso de Cataluña, que exige desde hace tiempo cambios en este modelo económico.

La comparación con España

Con el futuro aún incierto, un vistazo a los números actuales aclara que la situación es mala en todo el país. Los 17,6 millones de trabajadores en activo españoles contribuyen con sus aportaciones a los subsidios de 12,3 millones de desempleados y pensionistas. Por cada cien cotizantes hay ya 69,9 perceptores de fondos públicos. Una media que la crisis acentúa mes a mes con la catapulta del paro disparando cada vez con más fuerza: se han destruido más de dos millones de puestos de trabajo desde el comienzo de la crisis.

Al Gobierno le gusta mucho más recordar las pensiones contributivas, es decir, el número de jubilados que han cotizado a lo largo de su vida laboral para cobrar ahora un sueldo público. Alrededor del 70% de los beneficiarios de alguna pensión forman parte de este segmento (8,6 millones en España de los 12,3 millones de subsidiados; y casi 723.000 gallegos, del millón de pensionistas). Pero el otro 30% sigue amenazando la estadística y, en consecuencia, el equilibrio financiero del Estado.

Los datos por comunidades autónomas tampoco dejan muy bien parada a Galicia. Junto con Asturias, es la que peor relación guarda entre trabajadores activos y receptores de una pensión. La situación es más severa en Asturias, donde por cada cien personas que cotizan hay casi 117 pensionistas.

En realidad, si el problema se limitase a estos dos territorios sería una cuestión menor. Pero es que otras tres comunidades (Cantabria, Extremadura y Castilla León) están a punto de ingresar en el club de los datos negativos. En todas estas autonomías el número de dependientes ronda el 95% del volumen de trabajadores. Y entre el 85 y el 90% figuran también zonas como Andalucía, Valencia o la comunidad balear. Al otro lado de la balanza, Madrid y Cataluña son las regiones más equilibradas. En la primera, por cada cien trabajadores en activo cobran subsidios 56 personas, mientras que los catalanes soportan poco más de 58.

La reforma de pensiones

Estos datos han sido claves para que el FMI o Bruselas le hayan exigido a España que reforme su actual sistema de pensiones. El Gobierno espera contener esta sangría estadística aumentando en dos años la edad de jubilación y elevando el tiempo de cotización para el cálculo de las pensiones. El próximo día 28, Zapatero se ha comprometido ante Bruselas a presentar su nuevo modelo.