The Guardian revela las condiciones de esclavitud de los inmigrantes en los invernaderos
Martes, 22 de Febrero de 2011 21:26 | 
Escrito por F. Lawrence | 
| 
| 
|| Artículos - Contra-Info |
La Costa andaluza es famosa por sus playas y turistas, pero justo detrás de ese aparente atractivo se cierne el mundo oculto de los invernaderos industriales, donde los inmigrantes africanos trabajan en condiciones extremas.
La explotación de decenas de miles de inmigrantes empleados en el sector agrícola y que trabajan en el cultivo de verduras para la producción de ensaladas destinadas a la venta en supermercados británicos ha sido descubierta por una investigación realizada por el periódico The Guardian, que revela una industria que mueve en el Sur de España alrededor de 2 mil millones de euros al año.
Organizaciones benéficas que han interactuado con muchos de estos trabajadores en situación irregular durante la campaña de recogida de este año han denunciado abusos que responden a la definición oficial de esclavitud acuñada por la ONU. Algunos de los trabajadores se han visto privados de sus salarios a causa de las quejas formuladas en contra de unas condiciones que parecen haberse deteriorado aún más a raíz del colapso del boom inmobiliario español, que ha conducido a miles de inmigrantes en busca de trabajo del sector de la construcción al de la horticultura.
- Habitualmente, los salarios son inferiores a la mitad del salario mínimo legal.
- Los trabajadores sin papeles se ven amenazados con ser entregados a la policía si optan por quejarse de sus condiciones laborales.
- Acusaciones de la segregación impuesta por el acoso policial cuando estos trabajadores africanos se alejan fuera de las zonas de ubicación de los invernaderos y se adentran en las zonas turísticas.
La situación de los inmigrantes que trabajan en los campos de cultivo de tomate, pimiento, pepino y calabacín de Almería es tan desesperada que la Cruz Roja ha estado repartiendo comida gratis a miles de ellos. Su coordinador local describió las condiciones como "inhumanas". Anti-Slavery International dijo que las revelaciones de The Guardián son "profundamente preocupantes" e hizo referencia al "fantasma del estado de hecho que consiente la esclavitud en la Europa del siglo XXI".
Llegó ilegalmente al sur de España desde Marruecos en 2004 para trabajar en los invernaderos, tras haber pagado más de mil euros a contrabandistas por facilitarle el trasbordo en un barco de pesca. Dice que en aquel entonces él podía ganar en torno a 30 euros por una jornada de trabajo de ocho horas. Ahora, sin embargo, si estás de suerte consigues 20 euros por una jornada completa.
El salario mínimo legal de un día de trabajo en la actualidad es superior a 44 euros, pero la reciente crisis económica ha generado un nuevo y dilatado excedente de mano de obra procedente de la inmigración desesperada por trabajar, lo que permite a los agricultores aprovechar para recortar los salarios.
La vivienda de Muhammad nos es más que una choza situada en la zona de invernaderos que desemboca en la localidad turística de Roquetas de Mar, en la costa almeriense. Está construida de forma rudimentaria con palets de madera que se emplean en el transporte de las cosechas y, como cubierta, aprovecha una capa de plástico viejo. No dispone de agua potable, ni vertederos, ni servicio de recogida de basuras.
Hay alrededor de 100 chozas como esta al lado de la de Muhammad. Los trabajos son esporádicos, y sin contratos de por medio; son para un día o para unas pocas horas. A veces, cuando él y sus compatriotas no han encontrado trabajo durante semanas, la comida empieza a faltar, a menos que la Cruz Roja haga reparto de un paquete de alimentos. "Vivimos como animales carroñeros. No hay trabajo, ni dinero, ni comida", dijo.
Jawara vino de Gambia en 2008 con otras 85 personas, escondidas en el cargamento de un pequeño barco pesquero. Se sentía afortunado de haber sobrevivido al trauma del viaje, pues algunos de sus compañeros a bordo se ahogaron o murieron en el mismo barco durante el trayecto. Puesto en libertad después de 40 días detenido, para ir a buscar trabajo, ahora vive con otras 10 personas de África Subsahariana en un terreno abandonado entre los invernaderos, cerca del mercado de la localidad almeriense de San Isidro.
Los hombres duermen en la parte que aún conserva lo que aparentemente es un techo. Se hacinan en tres habitaciones pequeñas mustias, con olor a humedad y comida rancia y con las paredes ennegrecidas por el camping-gas que utilizan para cocinar. El cuarto de baño es la dependencia externa de al lado, cuyo largo techo se ha desplomado y sus ladrillos reducidos a escombros. El salón es un sofá rescatado de la basura, apoyado sobre unas paredes rotas. No hay servicios sanitarios, y los hombres malviven entre el trabajo en los invernaderos de cultivo de tomate, la caridad y el reparto de alimentos de la Cruz Roja.
Jawara llegó a San Isidro para reunirse con su hermano y, tan solo tres meses después de su llegada, éste último murió a causa de problemas renales. Al carecer de papeles y documentación, temían ir al médico y no poder pagar los medicamentos. Su padre falleció también cuando él se había ausentado. Al igual que muchos de los entrevistados, Jawera habló de la vergüenza y lo indignante de sus condiciones, del racismo generalizado y lo poco que se les paga ahora en cualquier sitio. Rechazó ser grabado, por miedo a que, en su regreso a casa, su familia pudiera verle en semejantes condiciones.
Sang, también original de Gambia, se considera relativamente acomodado al compartir un cortijo abandonado con alrededor de otras 40 personas procedentes de África Occidental. Un agricultor local se lo alquila de manera ilegal, ya que si bien tiene un techo y electricidad, carece de agua corriente.
Además del alquiler, estos inmigrantes tienen que pagar 600 euros más al mes por un camión cisterna que les suministra agua en un viejo tanque colocado en el patio. Sang, que ha estado sustentando a cerca de 30 miembros de su familia en Gambia con su propio salario, también ha visto reducida su jornada laboral a unas pocas horas de trabajo en la recogida de la cosecha de verdura, debido a la fuerte recesión vivida este año.
Almería ha sido durante bastante tiempo una de las regiones más pobres y deprimidas de España, pero el auge del sector hortofrutícola desde finales de los ochenta ha contribuido a transformar la provincia, que se encuentra justo detrás de la Costa del Sol en cuando a desarrollo económico. A pesar de que los turistas británicos raramente son testigos de ello, a menos de dos kilómetros de los hoteles turísticos situados en las proximidades del mar, un vasto horizonte industrial de invernaderos de plástico se erige a lo largo de 400 kilómetros cuadrados de llanura costera.
El comercio de hortalizas cultivadas en la región cubre la demanda del Reino Unido para la producción de ensalada fresca durante todo el año, lo que mueve una suma por valor de 2 mil millones de euros al año para la economía española, según declaraciones de José Ángel Aznar, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Almería. Casi todos los principales minoristas del norte de Europa, incluyendo los supermercados británicos, se surten de los cultivos de hortalizas que hay en la región cuando la temporada de recogida concluye en sus países de origen. Todos ellos compran en la subasta de las cooperativas a las que pertenecen los agricultores.
Sin embargo, el boom de los invernaderos sólo ha sido posible gracias a los inmigrantes. Los invernaderos han necesitado de una gran cantidad de mano de obra barata, flexible y dinámica, dispuesta a contratos temporales y despidos repentinos. El trabajo es irregular y difícil, y con temperaturas que alcanzan entre 40 ºC y 45ºC, resulta poco atractivo para la población local. Por lo tanto, la absorción de mano de obra procedente de la inmigración ha desembocado en un flujo de miles de trabajadores ilegales, mayoritariamente de Marruecos, pero también de Europa del este y del África subsahariana.
Las estimaciones del número total de empleados en el sector de los invernaderos son variables, pero Juan Carlos Checa, investigador de Antropología Social en la Universidad, sitúa la cifra de trabajadores migrantes entre los 80 mil y 90 mil, hacia abril de 2010.
Spitou Mendy, quien fuera un inmigrante ilegal llegado de Senegal hasta que obtuvo sus papeles en una regularización, ahora ayuda a dirigir el Sindicato de Obreros del Campo (SOC), un pequeño sindicato constituido por migrantes. Según él, el número ha aumentado a más de 100.000 debido a la recesión.
El Gobierno español permite a aquellos que puedan demostrar que han trabajado durante más de tres años solicitar la regularización y muchos lo han hecho, pero decenas de miles de personas aún se encuentran en Almería de forma ilegal, siendo vulnerables y fáciles de explotar. Unas condiciones que se han ido deteriorando progresivamente, haciéndose aún más terribles en estos últimos dos años, según Mendy.
Los agricultores argumentan que los supermercados han exprimido sus márgenes aún más que antes de la crisis, mientras que los costes derivados de los combustibles y fertilizantes han subido. No tienen más remedio que recortar los salarios, que es el único elemento de los costes de producción que ellos pueden controlar. Los agricultores tratan de emplear legalmente a los trabajadores, pero mantener la tasa de empleados adecuada a los niveles de producción hace difícil o, prácticamente, imposible competir en el mercado o obtener beneficios.
A ojos de Mendy, las condiciones son de esclavitud. "Usted no encuentra a los hijos de España en los invernaderos, sólo a los negros y a las personas de las antiguas colonias", dice. "Los agricultores sólo quieren una mano de obra no cualificada, maleable, que no cuesta absolutamente nada. Sólo una parte de la empresa se está beneficiando de todo esto. Es la agroindustria a gran escala la que gana. Son los capitalistas los que ganan. Mientras que la humanidad se ve sacrificada entre tanto. Se trata de la esclavitud en Europa. En la puerta de Europa, existe la esclavitud como si estuviéramos en el siglo XVI. "
Cherif, que era profesor de francés y alemán en Senegal y ahora, si embargo, mantiene a dos hijos con los ingresos que obtiene de trabajar recogiendo tomates algunos días al mes, encuentra a los agricultores más que dispuestos a aprovecharse de los trabajadores ilegales. "Tienes que cerrar la boca acerca de las pésimas condiciones. Es muy, muy caluroso, sofocante, ni siquiera hay agua para beber y es agotador. Me pagan sólo entre 20 y 25 euros por día y no me siento libre. La policía me vigila si voy a los lugares considerados inapropiados."
Al igual que muchos con los que hemos conversado, Cherif es otro que ha sido víctima del abuso de los agricultores; en su caso, se topó con la negativa de un agricultor a pagarle por el trabajo que había hecho. "Un agricultor no quería pagarnos ni a mí ni a otro africano que trabajaba conmigo. Me debía 200 euros. Él otro hombre tuvo una pelea con él y consiguió su dinero, pero yo no quería pelear. Así que me estuve presentando en su casa todos los días durante dos meses hasta que me los dio, pero aun así me estafó por 5 euros."
En todo caso, la mayoría de las veces las dos comunidades están totalmente segregadas. Los únicos negros que se pueden ver en las zonas turísticas son los pocos vendedores ambulantes que discurren por la playa comerciando baratijas, mientras que la mayoría de africanos y marroquíes viven aislados en los barrios pobres surgidos entre los invernaderos. Llegan de madrugada a los pueblos agrícolas, haciendo cola por las carreteras principales a la espera de conseguir un trabajo informal, pero es de esperar que luego acaben dispersándose. Varios de los entrevistados describen cómo son acosados por la policía cuando se desvían fuera de las zonas de invernadero al cabo de su llegada.
La hermana Purificación, o Puri, como se le conoce, es una de las cuatro monjas católicas de la orden de las Hermanas Misericordiosas de la Caridad que viven en San Isidro. Recordó cómo los primeros africanos negros habían llegado a la ciudad en 2002.
Los centros de detención en las Islas Canarias que recibían a los inmigrantes que llegaban ilegalmente en cayucos y barcazas procedentes de África estaban llenos en aquel entonces. Con el fin de procesar a los recién llegados, las autoridades españolas comenzaron a traladar a los que ya se encontraban allí a aeropuertos continentales, destinándolos en áreas donde hacía falta mano de obra. Se contrató a un conductor para trasladar a unos 30 africanos desde el aeropuerto de Madrid hasta el centro de San Isidro, con la instrucción de que abriera las puertas del autobús en la Plaza de Colonización, la plaza principal, y simplemente les dejara marchar. "Esa fue la primera vez que llegó aquí un grupo de africanos negros."
“El gobierno no les dio absolutamente nada; sin dinero, sin papeles, sin nada y desorientados, sólo les dijo que se marcharan. Nadie aquí sabía de dónde y cómo habían llegado. Las autoridades locales se lavaban las manos sencillamente. La gente del pueblo no quería saber nada al respecto. No teníamos ni idea de qué hacer”, explicó Puri.
Al final, las monjas condujeron a los hombres africanos a un invernadero en desuso. Otros que fueron llegando, comenzaron a construir chozas de cartón en la desvencijada y ruinosa estructura, hasta que más de 300 personas se habían hacinado, viviendo en un improvisado y pobre suburbio, sin servicios ni saneamiento alguno. "Las condiciones eran terribles, horribles, inhumanas", recordó Puri.
A medida que más y más iban llegando, las monjas comenzaron a preocuparse por los problemas sanitarios. Diagnosticaron casos de tuberculosis, sida y hepatitis entre los migrantes, pero sabían que no podían obtener ayuda médica adecuada. Así que empezaron a llevar a los enfermos de los terrenos abandonados a puntos próximos pero aislados del resto. "No teníamos los medios necesarios para atenderlos o proporcionarles medicamentos y cuidados. El gobierno no hacía prácticamente nada por ellos."
Al cabo del tiempo, en septiembre de 2005 se produjo un gran incendio. Cientos de africanos fueron expulsados de la "favela" puesto que los plásticos se habían quemado. El cuerpo de bomberos y la policía llegaron hasta el luegar, pero una vez que el fuego se había extinguido por completo se marcharon de nuevo y se negaron a cooperar, de acuerdo a Puri.
Las monjas utilizaban sus propios coches pequeños para comenzar a distribuir cerca de 300 hombres a los lugares en los que sabían que ya había otros inmigrantes refugiados -en antiguos cortijos y pozos subterráneos-. Pero hacia las 2 am, todavía había 120 hombres sin ningún lugar donde ir y se decidió que debían dormir en la plaza principal, acompañados de las monjas en busca de solidaridad. "Estuvimos allí tres días. La ciudad no hizo nada. El gobierno no hizo nada. Yo lloraba de rabia, impotencia e indignación", afirma Puri.
"Hubo cinco muertes de inmigrantes el año pasado aquí por accidentes de tráfico acaecidos por la noche", añadió Puri. "Hace unos 18 meses, un trabajador africano murió en uno de los invernaderos. -Había caído en el tanque de agua y no podía salir- No hubo penalización alguna contra el empresario agricultor, ni investigación policial", nos dijo Puri. "Soy plenamente consciente de que lo que estamos haciendo no es una solución real. Pero saben que al menos, si están enfermos o desesperados, estamos aquí para tenderles la mano."
Las condiciones no se limitan sólo a la provincia de Almería. A medida que la campaña de recolección de la aceituna estaba a punto de comenzar, justo antes de la Navidad pasada, en la región de Jaén, miles de inmigrantes se trasladaron hasta allí tratando desesperadamente de encontrar trabajo. Sin dinero ni abrigo, la mayoría solo conseguía el alimento necesario para comer una vez al día en un centro gestionado por la Cruz Roja. Se les permitía permanecer en el centro durante tres días, pero luego tenían que abandonar. La mayoría dormía a la intemperie. Las personas con documentación podían solicitar un pase de autobús gratuito en el centro de la Cruz Roja todas las mañanas y dirigirse ellos mismos a los olivares para ofrecer su mano de obra.
La Cruz Roja en Jaén no devolvió nuestras llamadas, pero su coordinador en Almería, Francisco Vicente, dijo que estima que hay entre 15.000 y 20.000 inmigrantes sin hogar sólo en su provincia, de los cuales unos 5.000 viven en casas abandonadas y chabolas carentes de agua y electricidad. "Estas son las comunidades más `establecidas´ a las que al menos puede llegar la Cruz Roja. Pero los demás se extienden por toda la ciudad, para dormir cerca de los cajeros automáticos de los bancos o, simplemente, en las calles. Esto no es humano", añadió.
Mendy nos dijo que había una conspiración de silencio acerca de las condiciones. "Todo el mundo sabe que este sistema existe, esto es el neoliberalismo salvaje. Pero la gente ha cerrado sus oídos a este fenómeno inhumano."
Vicente coincide con él: "Esto está siendo ocultado, la gente no está interesada en hacer público lo que está ocurriendo. No me refiero sólo a los políticos. A veces es la propia sociedad -la gente-., la que no se manifiesta y denuncia la injusticia", dijo.
El Ministerio del Interior del gobierno español fue consultado sobre este asunto, pero no ofrecieron respuesta alguna, no respondieron a nuestras preguntas.
El Director de Anti-Slavery International, Aidan McQuade, dijo: "La evidencias obtenidas por The Guardian sugieren que podríamos estar viendo el surgimiento de una nueva forma de esclavitud, algo profundamente inquietante.
"El hecho de que las autoridades españolas hayan trasladado a los inmigrantes irregulares a las zonas del país donde se requiere mano de obra y también que los trabajadores inmigrantes vean recortados su salarios a la mitad del salario mínimo legal, además de ser amenazados con la deportación en caso de denunciar sus injustas condiciones de trabajo, establece un presunto caso de connivencia oficial en el tráfico de trabajadores inmigrantes hacia los terrenos agrícolas del sur de España.
"Todo esto pone de relieve el espectro del estado de facto sancionando la esclavitud en la Europa del siglo XXI".
Invernaderos industriales
Organizaciones benéficas que han interactuado con muchos de estos trabajadores en situación irregular durante la campaña de recogida de este año han denunciado abusos que responden a la definición oficial de esclavitud acuñada por la ONU. Algunos de los trabajadores se han visto privados de sus salarios a causa de las quejas formuladas en contra de unas condiciones que parecen haberse deteriorado aún más a raíz del colapso del boom inmobiliario español, que ha conducido a miles de inmigrantes en busca de trabajo del sector de la construcción al de la horticultura.
Conclusiones de la investigación realizada por The Guardian
- Los trabajadores migrantes procedentes de África viven en chabolas hechas a base de cajas viejas y láminas de plástico, sin servicios sanitarios ni acceso a agua potable.- Habitualmente, los salarios son inferiores a la mitad del salario mínimo legal.
- Los trabajadores sin papeles se ven amenazados con ser entregados a la policía si optan por quejarse de sus condiciones laborales.
- Acusaciones de la segregación impuesta por el acoso policial cuando estos trabajadores africanos se alejan fuera de las zonas de ubicación de los invernaderos y se adentran en las zonas turísticas.
La situación de los inmigrantes que trabajan en los campos de cultivo de tomate, pimiento, pepino y calabacín de Almería es tan desesperada que la Cruz Roja ha estado repartiendo comida gratis a miles de ellos. Su coordinador local describió las condiciones como "inhumanas". Anti-Slavery International dijo que las revelaciones de The Guardián son "profundamente preocupantes" e hizo referencia al "fantasma del estado de hecho que consiente la esclavitud en la Europa del siglo XXI".
Testimonios y experiencias personales de los inmigrantes
La historia de Muhammad es típica entre los miles de africanos que trabajan bajo el calor sofocante de los invernaderos de plástico.Llegó ilegalmente al sur de España desde Marruecos en 2004 para trabajar en los invernaderos, tras haber pagado más de mil euros a contrabandistas por facilitarle el trasbordo en un barco de pesca. Dice que en aquel entonces él podía ganar en torno a 30 euros por una jornada de trabajo de ocho horas. Ahora, sin embargo, si estás de suerte consigues 20 euros por una jornada completa.
El salario mínimo legal de un día de trabajo en la actualidad es superior a 44 euros, pero la reciente crisis económica ha generado un nuevo y dilatado excedente de mano de obra procedente de la inmigración desesperada por trabajar, lo que permite a los agricultores aprovechar para recortar los salarios.
La vivienda de Muhammad nos es más que una choza situada en la zona de invernaderos que desemboca en la localidad turística de Roquetas de Mar, en la costa almeriense. Está construida de forma rudimentaria con palets de madera que se emplean en el transporte de las cosechas y, como cubierta, aprovecha una capa de plástico viejo. No dispone de agua potable, ni vertederos, ni servicio de recogida de basuras.
Hay alrededor de 100 chozas como esta al lado de la de Muhammad. Los trabajos son esporádicos, y sin contratos de por medio; son para un día o para unas pocas horas. A veces, cuando él y sus compatriotas no han encontrado trabajo durante semanas, la comida empieza a faltar, a menos que la Cruz Roja haga reparto de un paquete de alimentos. "Vivimos como animales carroñeros. No hay trabajo, ni dinero, ni comida", dijo.
Jawara vino de Gambia en 2008 con otras 85 personas, escondidas en el cargamento de un pequeño barco pesquero. Se sentía afortunado de haber sobrevivido al trauma del viaje, pues algunos de sus compañeros a bordo se ahogaron o murieron en el mismo barco durante el trayecto. Puesto en libertad después de 40 días detenido, para ir a buscar trabajo, ahora vive con otras 10 personas de África Subsahariana en un terreno abandonado entre los invernaderos, cerca del mercado de la localidad almeriense de San Isidro.
Los hombres duermen en la parte que aún conserva lo que aparentemente es un techo. Se hacinan en tres habitaciones pequeñas mustias, con olor a humedad y comida rancia y con las paredes ennegrecidas por el camping-gas que utilizan para cocinar. El cuarto de baño es la dependencia externa de al lado, cuyo largo techo se ha desplomado y sus ladrillos reducidos a escombros. El salón es un sofá rescatado de la basura, apoyado sobre unas paredes rotas. No hay servicios sanitarios, y los hombres malviven entre el trabajo en los invernaderos de cultivo de tomate, la caridad y el reparto de alimentos de la Cruz Roja.
Jawara llegó a San Isidro para reunirse con su hermano y, tan solo tres meses después de su llegada, éste último murió a causa de problemas renales. Al carecer de papeles y documentación, temían ir al médico y no poder pagar los medicamentos. Su padre falleció también cuando él se había ausentado. Al igual que muchos de los entrevistados, Jawera habló de la vergüenza y lo indignante de sus condiciones, del racismo generalizado y lo poco que se les paga ahora en cualquier sitio. Rechazó ser grabado, por miedo a que, en su regreso a casa, su familia pudiera verle en semejantes condiciones.
Sang, también original de Gambia, se considera relativamente acomodado al compartir un cortijo abandonado con alrededor de otras 40 personas procedentes de África Occidental. Un agricultor local se lo alquila de manera ilegal, ya que si bien tiene un techo y electricidad, carece de agua corriente.
Además del alquiler, estos inmigrantes tienen que pagar 600 euros más al mes por un camión cisterna que les suministra agua en un viejo tanque colocado en el patio. Sang, que ha estado sustentando a cerca de 30 miembros de su familia en Gambia con su propio salario, también ha visto reducida su jornada laboral a unas pocas horas de trabajo en la recogida de la cosecha de verdura, debido a la fuerte recesión vivida este año.
Almería ha sido durante bastante tiempo una de las regiones más pobres y deprimidas de España, pero el auge del sector hortofrutícola desde finales de los ochenta ha contribuido a transformar la provincia, que se encuentra justo detrás de la Costa del Sol en cuando a desarrollo económico. A pesar de que los turistas británicos raramente son testigos de ello, a menos de dos kilómetros de los hoteles turísticos situados en las proximidades del mar, un vasto horizonte industrial de invernaderos de plástico se erige a lo largo de 400 kilómetros cuadrados de llanura costera.
El comercio de hortalizas cultivadas en la región cubre la demanda del Reino Unido para la producción de ensalada fresca durante todo el año, lo que mueve una suma por valor de 2 mil millones de euros al año para la economía española, según declaraciones de José Ángel Aznar, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Almería. Casi todos los principales minoristas del norte de Europa, incluyendo los supermercados británicos, se surten de los cultivos de hortalizas que hay en la región cuando la temporada de recogida concluye en sus países de origen. Todos ellos compran en la subasta de las cooperativas a las que pertenecen los agricultores.
Sin embargo, el boom de los invernaderos sólo ha sido posible gracias a los inmigrantes. Los invernaderos han necesitado de una gran cantidad de mano de obra barata, flexible y dinámica, dispuesta a contratos temporales y despidos repentinos. El trabajo es irregular y difícil, y con temperaturas que alcanzan entre 40 ºC y 45ºC, resulta poco atractivo para la población local. Por lo tanto, la absorción de mano de obra procedente de la inmigración ha desembocado en un flujo de miles de trabajadores ilegales, mayoritariamente de Marruecos, pero también de Europa del este y del África subsahariana.
Las estimaciones del número total de empleados en el sector de los invernaderos son variables, pero Juan Carlos Checa, investigador de Antropología Social en la Universidad, sitúa la cifra de trabajadores migrantes entre los 80 mil y 90 mil, hacia abril de 2010.
Spitou Mendy, quien fuera un inmigrante ilegal llegado de Senegal hasta que obtuvo sus papeles en una regularización, ahora ayuda a dirigir el Sindicato de Obreros del Campo (SOC), un pequeño sindicato constituido por migrantes. Según él, el número ha aumentado a más de 100.000 debido a la recesión.
El Gobierno español permite a aquellos que puedan demostrar que han trabajado durante más de tres años solicitar la regularización y muchos lo han hecho, pero decenas de miles de personas aún se encuentran en Almería de forma ilegal, siendo vulnerables y fáciles de explotar. Unas condiciones que se han ido deteriorando progresivamente, haciéndose aún más terribles en estos últimos dos años, según Mendy.
Los agricultores argumentan que los supermercados han exprimido sus márgenes aún más que antes de la crisis, mientras que los costes derivados de los combustibles y fertilizantes han subido. No tienen más remedio que recortar los salarios, que es el único elemento de los costes de producción que ellos pueden controlar. Los agricultores tratan de emplear legalmente a los trabajadores, pero mantener la tasa de empleados adecuada a los niveles de producción hace difícil o, prácticamente, imposible competir en el mercado o obtener beneficios.
A ojos de Mendy, las condiciones son de esclavitud. "Usted no encuentra a los hijos de España en los invernaderos, sólo a los negros y a las personas de las antiguas colonias", dice. "Los agricultores sólo quieren una mano de obra no cualificada, maleable, que no cuesta absolutamente nada. Sólo una parte de la empresa se está beneficiando de todo esto. Es la agroindustria a gran escala la que gana. Son los capitalistas los que ganan. Mientras que la humanidad se ve sacrificada entre tanto. Se trata de la esclavitud en Europa. En la puerta de Europa, existe la esclavitud como si estuviéramos en el siglo XVI. "
Cherif, que era profesor de francés y alemán en Senegal y ahora, si embargo, mantiene a dos hijos con los ingresos que obtiene de trabajar recogiendo tomates algunos días al mes, encuentra a los agricultores más que dispuestos a aprovecharse de los trabajadores ilegales. "Tienes que cerrar la boca acerca de las pésimas condiciones. Es muy, muy caluroso, sofocante, ni siquiera hay agua para beber y es agotador. Me pagan sólo entre 20 y 25 euros por día y no me siento libre. La policía me vigila si voy a los lugares considerados inapropiados."
Al igual que muchos con los que hemos conversado, Cherif es otro que ha sido víctima del abuso de los agricultores; en su caso, se topó con la negativa de un agricultor a pagarle por el trabajo que había hecho. "Un agricultor no quería pagarnos ni a mí ni a otro africano que trabajaba conmigo. Me debía 200 euros. Él otro hombre tuvo una pelea con él y consiguió su dinero, pero yo no quería pelear. Así que me estuve presentando en su casa todos los días durante dos meses hasta que me los dio, pero aun así me estafó por 5 euros."
Tensiones en la región
Las tensiones entre los migrantes y las comunidades locales han ido creciendo en los últimos meses. SOC teme una repetición de la violencia y los disturbios que se produjeron en el año 2000, en la ciudad hortofructícola de El Ejido. Mendy explicó que se habían visto signos de alerta en San Isidro el octubre pasado, cuando un agricultor fue asesinado en el almacén de su invernadero y, de inmediato, los vecinos de la localidad señalaron con el dedo a los migrantes. Miles protestaron en las calles después de su funeral, blandiendo pancartas racistas, asociando a los africanos con ovejas negras y diciendo: "Inmigrantes: comportaos o fuera de aquí". Más tarde trascendió a los medios que la policía estaba investigando los vínculos existentes entre los agricultores y la delincuencia organizada.En todo caso, la mayoría de las veces las dos comunidades están totalmente segregadas. Los únicos negros que se pueden ver en las zonas turísticas son los pocos vendedores ambulantes que discurren por la playa comerciando baratijas, mientras que la mayoría de africanos y marroquíes viven aislados en los barrios pobres surgidos entre los invernaderos. Llegan de madrugada a los pueblos agrícolas, haciendo cola por las carreteras principales a la espera de conseguir un trabajo informal, pero es de esperar que luego acaben dispersándose. Varios de los entrevistados describen cómo son acosados por la policía cuando se desvían fuera de las zonas de invernadero al cabo de su llegada.
La hermana Purificación, o Puri, como se le conoce, es una de las cuatro monjas católicas de la orden de las Hermanas Misericordiosas de la Caridad que viven en San Isidro. Recordó cómo los primeros africanos negros habían llegado a la ciudad en 2002.
Los centros de detención en las Islas Canarias que recibían a los inmigrantes que llegaban ilegalmente en cayucos y barcazas procedentes de África estaban llenos en aquel entonces. Con el fin de procesar a los recién llegados, las autoridades españolas comenzaron a traladar a los que ya se encontraban allí a aeropuertos continentales, destinándolos en áreas donde hacía falta mano de obra. Se contrató a un conductor para trasladar a unos 30 africanos desde el aeropuerto de Madrid hasta el centro de San Isidro, con la instrucción de que abriera las puertas del autobús en la Plaza de Colonización, la plaza principal, y simplemente les dejara marchar. "Esa fue la primera vez que llegó aquí un grupo de africanos negros."
“El gobierno no les dio absolutamente nada; sin dinero, sin papeles, sin nada y desorientados, sólo les dijo que se marcharan. Nadie aquí sabía de dónde y cómo habían llegado. Las autoridades locales se lavaban las manos sencillamente. La gente del pueblo no quería saber nada al respecto. No teníamos ni idea de qué hacer”, explicó Puri.
Al final, las monjas condujeron a los hombres africanos a un invernadero en desuso. Otros que fueron llegando, comenzaron a construir chozas de cartón en la desvencijada y ruinosa estructura, hasta que más de 300 personas se habían hacinado, viviendo en un improvisado y pobre suburbio, sin servicios ni saneamiento alguno. "Las condiciones eran terribles, horribles, inhumanas", recordó Puri.
A medida que más y más iban llegando, las monjas comenzaron a preocuparse por los problemas sanitarios. Diagnosticaron casos de tuberculosis, sida y hepatitis entre los migrantes, pero sabían que no podían obtener ayuda médica adecuada. Así que empezaron a llevar a los enfermos de los terrenos abandonados a puntos próximos pero aislados del resto. "No teníamos los medios necesarios para atenderlos o proporcionarles medicamentos y cuidados. El gobierno no hacía prácticamente nada por ellos."
Al cabo del tiempo, en septiembre de 2005 se produjo un gran incendio. Cientos de africanos fueron expulsados de la "favela" puesto que los plásticos se habían quemado. El cuerpo de bomberos y la policía llegaron hasta el luegar, pero una vez que el fuego se había extinguido por completo se marcharon de nuevo y se negaron a cooperar, de acuerdo a Puri.
Las monjas utilizaban sus propios coches pequeños para comenzar a distribuir cerca de 300 hombres a los lugares en los que sabían que ya había otros inmigrantes refugiados -en antiguos cortijos y pozos subterráneos-. Pero hacia las 2 am, todavía había 120 hombres sin ningún lugar donde ir y se decidió que debían dormir en la plaza principal, acompañados de las monjas en busca de solidaridad. "Estuvimos allí tres días. La ciudad no hizo nada. El gobierno no hizo nada. Yo lloraba de rabia, impotencia e indignación", afirma Puri.
"Hubo cinco muertes de inmigrantes el año pasado aquí por accidentes de tráfico acaecidos por la noche", añadió Puri. "Hace unos 18 meses, un trabajador africano murió en uno de los invernaderos. -Había caído en el tanque de agua y no podía salir- No hubo penalización alguna contra el empresario agricultor, ni investigación policial", nos dijo Puri. "Soy plenamente consciente de que lo que estamos haciendo no es una solución real. Pero saben que al menos, si están enfermos o desesperados, estamos aquí para tenderles la mano."
Las condiciones no se limitan sólo a la provincia de Almería. A medida que la campaña de recolección de la aceituna estaba a punto de comenzar, justo antes de la Navidad pasada, en la región de Jaén, miles de inmigrantes se trasladaron hasta allí tratando desesperadamente de encontrar trabajo. Sin dinero ni abrigo, la mayoría solo conseguía el alimento necesario para comer una vez al día en un centro gestionado por la Cruz Roja. Se les permitía permanecer en el centro durante tres días, pero luego tenían que abandonar. La mayoría dormía a la intemperie. Las personas con documentación podían solicitar un pase de autobús gratuito en el centro de la Cruz Roja todas las mañanas y dirigirse ellos mismos a los olivares para ofrecer su mano de obra.
La Cruz Roja en Jaén no devolvió nuestras llamadas, pero su coordinador en Almería, Francisco Vicente, dijo que estima que hay entre 15.000 y 20.000 inmigrantes sin hogar sólo en su provincia, de los cuales unos 5.000 viven en casas abandonadas y chabolas carentes de agua y electricidad. "Estas son las comunidades más `establecidas´ a las que al menos puede llegar la Cruz Roja. Pero los demás se extienden por toda la ciudad, para dormir cerca de los cajeros automáticos de los bancos o, simplemente, en las calles. Esto no es humano", añadió.
Mendy nos dijo que había una conspiración de silencio acerca de las condiciones. "Todo el mundo sabe que este sistema existe, esto es el neoliberalismo salvaje. Pero la gente ha cerrado sus oídos a este fenómeno inhumano."
Vicente coincide con él: "Esto está siendo ocultado, la gente no está interesada en hacer público lo que está ocurriendo. No me refiero sólo a los políticos. A veces es la propia sociedad -la gente-., la que no se manifiesta y denuncia la injusticia", dijo.
El Ministerio del Interior del gobierno español fue consultado sobre este asunto, pero no ofrecieron respuesta alguna, no respondieron a nuestras preguntas.
El Director de Anti-Slavery International, Aidan McQuade, dijo: "La evidencias obtenidas por The Guardian sugieren que podríamos estar viendo el surgimiento de una nueva forma de esclavitud, algo profundamente inquietante.
"El hecho de que las autoridades españolas hayan trasladado a los inmigrantes irregulares a las zonas del país donde se requiere mano de obra y también que los trabajadores inmigrantes vean recortados su salarios a la mitad del salario mínimo legal, además de ser amenazados con la deportación en caso de denunciar sus injustas condiciones de trabajo, establece un presunto caso de connivencia oficial en el tráfico de trabajadores inmigrantes hacia los terrenos agrícolas del sur de España.
"Todo esto pone de relieve el espectro del estado de facto sancionando la esclavitud en la Europa del siglo XXI".
Felicity Lawrence Fuente: http://www.guardian.co.uk/business/2011/feb/07/spain-salad-growers-slaves-charities a través de http://rebelion.org/noticia.php?id=122853
No hay comentarios:
Publicar un comentario