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Estados Unidos | 04 mar 2011 | 08:48 MSK
GEORGIA APRUEBA LEY ANTIINMIGRANTE SIMILAR A LA DE ARIZONA
La Cámara de Representantes del estado de Georgia aprobó, con 113 votos a favor y 56 en contra la polémica propuesta HB87, similar a la ley SB1070 de Arizona que criminaliza la inmigración ilegal.
De acuerdo con esta nueva ley, los policías locales tendrán autorización para detener a personas que les parezcan sospechosas y pedirles la documentación, aunque no hayan cometido ningún delito. A las empresas del estado se les exigirá usar el programa de identificación E-Verify para determinar a los indocumentados y castigar a quienes alberguen o transporten a inmigrantes ilegales. Además, la iniciativa estipula una multa de hasta 250.000 dólares o la condena de hasta 15 años de prisión para los acusados de robo de identidad.
Ahora la propuesta pasará a la consideración del senado estatal, que también ha emitido un proyecto similar, el SB40. La propuesta del senado, impulsada por el congresista Jack Murphy, también autoriza a los policías a verificar la condición migratoria a cualquier persona que les parezca indocumentada, así como obliga a las empresas a identificar a sus empleados a través del sistema E-Verify.
La única diferencia entre la ley de Georgia y la iniciativa del senado es que la de este último libra al sector agrícola de verificar la situación migratoria de los empleados. Previamente los representantes de la industria agrícola, que genera unas ganancias de más de 68.000 millones de dólares al año en el estado se manifestaron en contra de cualquier legislación que pueda "atemorizar" a los trabajadores inmigrantes, señalando el impacto que una ley de este tipo tendría no solo en la agricultura, sino en toda la economía del estado.
La aprobación de la medida HB87 se produjo en medio de protestas de distintas agrupaciones civiles y fue duramente criticada por los activistas de derechos humanos que, sin embargo, reconocieron que éste había sido un “desenlace esperado”. Al igual que las iniciativas anteriores, esta ley fue tachada como de “racista” y “antiinmigrante”.
Los que están a favor de la norma, por su parte, insisten en que en primer lugar es necesario proteger los intereses de los estadounidenses, subrayando que los inmigrantes indocumentados arrebatan puestos de trabajo a los ciudadanos del país, no pagan impuestos y abusan de los beneficios públicos.
Este año, al menos otras tres leyes antiinmigrantes fueron presentadas en Georgia: la HB59 pretendería prohibir a los jóvenes indocumentados ingresar en las universidades públicas del estado, la HB296 tendría el objetivo de contar a los indocumentados en los hospitales públicos y escuelas, mientras que la SB104 penalizaría a los jornaleros indocumentados y a quienes los contraten.
De acuerdo con esta nueva ley, los policías locales tendrán autorización para detener a personas que les parezcan sospechosas y pedirles la documentación, aunque no hayan cometido ningún delito. A las empresas del estado se les exigirá usar el programa de identificación E-Verify para determinar a los indocumentados y castigar a quienes alberguen o transporten a inmigrantes ilegales. Además, la iniciativa estipula una multa de hasta 250.000 dólares o la condena de hasta 15 años de prisión para los acusados de robo de identidad.
Ahora la propuesta pasará a la consideración del senado estatal, que también ha emitido un proyecto similar, el SB40. La propuesta del senado, impulsada por el congresista Jack Murphy, también autoriza a los policías a verificar la condición migratoria a cualquier persona que les parezca indocumentada, así como obliga a las empresas a identificar a sus empleados a través del sistema E-Verify.
La única diferencia entre la ley de Georgia y la iniciativa del senado es que la de este último libra al sector agrícola de verificar la situación migratoria de los empleados. Previamente los representantes de la industria agrícola, que genera unas ganancias de más de 68.000 millones de dólares al año en el estado se manifestaron en contra de cualquier legislación que pueda "atemorizar" a los trabajadores inmigrantes, señalando el impacto que una ley de este tipo tendría no solo en la agricultura, sino en toda la economía del estado.
La aprobación de la medida HB87 se produjo en medio de protestas de distintas agrupaciones civiles y fue duramente criticada por los activistas de derechos humanos que, sin embargo, reconocieron que éste había sido un “desenlace esperado”. Al igual que las iniciativas anteriores, esta ley fue tachada como de “racista” y “antiinmigrante”.
Los que están a favor de la norma, por su parte, insisten en que en primer lugar es necesario proteger los intereses de los estadounidenses, subrayando que los inmigrantes indocumentados arrebatan puestos de trabajo a los ciudadanos del país, no pagan impuestos y abusan de los beneficios públicos.
Este año, al menos otras tres leyes antiinmigrantes fueron presentadas en Georgia: la HB59 pretendería prohibir a los jóvenes indocumentados ingresar en las universidades públicas del estado, la HB296 tendría el objetivo de contar a los indocumentados en los hospitales públicos y escuelas, mientras que la SB104 penalizaría a los jornaleros indocumentados y a quienes los contraten.
En el año 2011 se prevén debates sobre la aplicación de leyes que endurezcan significativamente la posición de los inmigrantes ilegales en el territorio estadounidense en más de 20 estados. Y, con la mayoría republicana en las cámaras legislativas, esos nuevos reglamentos tienen toda la posibilidad de entrar en vigor. La posición de los indocumentados pronto puede verse gravemente empeorada en Misisipi, Texas, Nebraska, Oklahoma, Pensilvania, Carolina del Sur, Florida y Virginia, entre otros estados, donde se están preparando o ya están preparados documentos que potencialmente llevarán a múltiples deportaciones de indocumentados que ahora viven en la nación.
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