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lunes, 20 de agosto de 2012
Casi 4,6 millones de los 47 millones de habitantes de España estaban sin trabajo al concluir julio. El gobierno de Mariano Rajoy se vio forzado a rectificar y anunciar la prórroga del subsidio familiar de 400 euros. Hablamos con algunos de su beneficiarios.
IPS
José Manuel Martínez participa en una protesta en Madrid con un cartel casero que dice: “Quiero un puesto de trabajo, no limosna”. A sus 45 años, Martínez, residente en Sevilla, lleva los tres últimos sin empleo y reconoce ensombrecido: “He perdido la esperanza”.
Como él, casi 4,6 millones de los 47 millones de habitantes de España estaban sin trabajo al concluir julio, uno de los meses en que la gran industria turística suele generar más empleo en este país europeo.
El gobierno de Mariano Rajoy se vio forzado el martes 14 a rectificar sus planes y anunciar la prórroga del subsidio familiar de 400 euros para quienes pierden toda prestación por desempleo, un día antes de que caducase la medida.
Pero se anticipa que el gobierno endurecerá las condiciones para obtener este subsidio de supervivencia para aquellos que pierden todo tipo de prestación por desempleo, cuando el Consejo de Ministros oficialice su prolongación el día 24, lo que arrastrará a más familias a la pobreza.
Martínez está cerca de ser uno de los beneficiarios. “Ya ni voy a las oficinas de empleo”, aseguró apesadumbrado. El último empleo por el que cotizó a la Seguridad Social lo realizó hace tres, cuando fue conductor de autobuses en Sevilla.
Desde entonces solo ha obtenido trabajos esporádicos, de unos días, que apenas ayudan a cubrir alguna urgencia. “Estoy harto”, aseguró. Su mujer también está desempleada y antes lograba ingresos limpiando viviendas, pero ahora nadie la llama.
“Media ciudad tiene mi currículo. Lo he intentado todo. Pero a los que nos hacemos mayores ya no nos contratan”, se quejó. Él y su mujer aguantan con un aporte por desempleo de 426 euros, que se les agotará en octubre.
Si Rajoy no hubiese dado marcha atrás, los Martínez estarían abocados a la indigencia. “Me veo tirado en la calle”, se lamentó este hombre menudo, de rostro endurecido y que concentra su rabia en el actual gobierno, en el poder desde diciembre.
“Lo están haciendo todo al revés. Tendrían que generar más empleo pero cada vez hay más parados. Nos engañaron, porque Rajoy prometió corregir el desempleo si lo elegían”, protestó.
España tiene un seguro contributivo por desempleo, al que tienen derecho por un máximo de dos años aquellos que coticen como trabajadores durante al menos 12 meses.
La prestación en general es de cuatro meses por cada año trabajado y el primer semestre se cobra 70 por ciento del promedio de los últimos salarios y después 60.
Pero el principal blanco de las críticas de los sindicatos españoles es la reforma laboral aprobada por el Ejecutivo el 10 de febrero, que generó ya la primera huelga general contra Rajoy, el 29 de marzo.
La reforma facilita el despido y permite, por ejmplo, que una compañía prescinda de empleados libremente si sus ingresos caen durante dos trimestres. Esto ha provocado un incremento exponencial en el número de parados. Además, otra nueva medida, aprobada en julio, reduce la prestación por desempleo a partir de los seis meses para los nuevos desocupados.
El Instituto Nacional de Estadística indica que ya hay en España 1,5 millones de familias donde todos sus miembros carecen de empleo y más de 50 por ciento de los jóvenes no tienen trabajo.
Y uno de cada cuatro niños españoles vivan ahora debajo del umbral de pobreza, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
Pese a estos datos, el gobierno no está dispuesto a dar marcha atrás. Asegura que sus reformas y drásticos recortes son para que la economía crezca.
Pero su efecto ha sido que durante el segundo trimestre la economía decreció uno por ciento, frente al mismo periodo de 2011. La reforma laboral aparece, además, como condición dentro del Memorando de Entendimiento firmado el 20 de julio por Madrid para recibir de Bruselas unos 123.000 millones de dólares, a fin de rescatar la banca.
Un tema que irrita a amplios sectores de la población, que critican que el gobierno se preocupe de ayudar al sector financiero, con un préstamo cuyos costos deberán pagar todos, y no de obtener recursos para garantizar los servicios básicos y promover la economía.
“Cobro 426 euros de subsidio pero pago por mi hipoteca 1.500 euros (aproximadamente 1.850 dólares). ¿Cómo puedo salir adelante?”, dijo Mario Gómez, de 41 años, residente en Riosa, en la norteña región de Asturias.
Durante años regentó un negocio de turismo rural en una zona montañosa. Pidió un préstamo al banco para poder salir adelante. Pero la crisis acabó con su sueño y su empresa quebró.
“Si no hay dinero, no se factura”, se lamentó. Ahora, espera que la entidad financiera le permita aplazar el pago y que los intereses no terminen por hundirle más y le hagan perder su vivienda. “Esto va a terminar mal. Aquí va a haber muertos si nadie pone remedio”, aseguró desesperado.
Gómez fue uno de los miles de desempleados de toda España que llegaron a Madrid el 21 de julio, tras una marcha desde todos los puntos del país, para exigir la derogación de la reforma laboral y más ayudas para los desempleados.
“Con tanto recorte (fiscal), es imposible crear empleo”, reflexionó Charo Domínguez, del municipio de Langreo, también en Asturias, que terminó en enero su último empleo como administrativa. Ya agotó la prestación de desempleo y ahora sobrevive con el subsidio de 400 euros.
Gracias al apoyo familiar, mantiene su vivienda de alquiler. “Volveré casa de mi madre si esto no mejora”, asegura. Su día a día es un ir y venir ofreciendo un currículo que nadie toma. Se siente abandonada. “Los parados no le importamos a nadie. Ni siquiera los sindicatos se preocupan por nosotros”, sentenció.
Las previsiones no son optimistas. El gobierno dice ahora que el desempleo solo comenzará a bajar en 2014. Mucho tiempo para personas como Martínez, Gómez o Domínguez, que son millones en este país europeo.
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