Mostrando entradas con la etiqueta ccoo. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta ccoo. Mostrar todas las entradas

jueves, 27 de enero de 2011

Traición total: CC OO y UGT pactan con el gobierno español


Friday 28 january 2011

Traición total: CC OO y UGT pactan con el gobierno español el aumento de la edad de jubilación a los 67 años tras una cena en Moncloa
El mismo día que el sindicalismo soberanista y de clase organiza huelgas generales, el sindicalismo oficial y amarillo nos traiciona. Ya no se puede ser de izquierdas y seguir en CCOO o UGT.
Kaos. Laboral y Economia | 27-1-2011 a las 11:35 | 2278 lecturas | 35 comentarios
www.kaosenlared.net/noticia/traicion-total-cc-oo-ugt-pactan-gobierno-espanol-aumento-edad-jubilaci
Compartir: Publicar en Facebook Publicar en Twitter 
Principio de acuerdo entre Gobierno español, UGT y CCOO para ampliar la edad de jubilación a los 67 años
El Gobierno español y CCOO y UGT han alcanzado un principio de acuerdo sobre la reforma de las pensiones por el que se amplia hasta los 67 años la edad de jubilación.


GARA
MADRID-. El Ministerio español de Trabajo ha confirmado que se ha alcanzado un principio de acuerdo con empresarios y sindicatos en la reforma de las pensiones y espera que hoy “se cierren los capítulos pendientes”.
Horas antes, la Cadena Ser había anunciado que el Gobierno español y los sindicatos UGT y CCOO han logrado un principio de acuerdo por el que se amplia hasta los 67 años la edad de jubilación, aunque los trabajadores con 38,5 años cotizados podrían hacerlo a los 65 años con la totalidad de la pensión.

Los trabajadores tendrán que cotizar 38 años y medio para jubilarse a los 65La jubilación íntegra a los 67 requerirá haber cotizado 37 años.-Se computarán los últimos 25 años de vida laboral para calcular la pensión.-Las mujeres podrán sumar nueve meses por hijo a su cotización, con un tope de dos años.-La intervención de Zapatero, clave para desencallar la reforma
MANUEL V. GÓMEZ | LUCÍA ABELLÁN - Madrid – 27/01/2011
El Gobierno y los sindicatos CC OO y UGT han alcanzado esta madrugada un principio de acuerdo sobre el punto más espinoso en la negociación de la reforma del sistema de pensiones: los años cotizados necesarios para jubilarse. Ambas partes han acordado que los trabajadores podrán poner fin a su vida laboral a los 65 años conservando la pensión completa si han cotizado al menos durante 38 años y medio, por debajo de la última propuesta del Gobierno que llegaba hasta los 39 y a medio camino de la propuesta sindical de los 38 años. Para el resto de trabajadores, será necesario haber cotizado 37 años para jubilarse a los 67 años manteniendo la pensión íntegra. También ha habido un principio de acuerdo en materia de negociación colectiva y políticas activas de empleo.
En cuanto al periodo de cómputo, los sindicatos finalmente aceptarán como válida la propuesta del Gobierno de que se tengan en cuenta los últimos 25 años de vida laboral (ahora son los 15 últimos), según fuentes gubernamentales. El Ejecutivo, a cambio, ampliará el periodo transitorio para implantar el nuevo cómputo.
El periodo de implantación de la nueva edad de jubilación arrancará en 2013 y se extenderá hasta 2027. Durante ese plazo, se irá aumentando paulatinamente la vida laboral del trabajador, a razón de un mes y medio más cada año.
La intervención a última hora en las negociaciones del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido clave para que las partes acercaran sus posturas y llegaran a un pacto antes de este viernes, día en el que el Consejo de Ministros aprobará la reforma. El jefe del Ejecutivo se reunió de madrugada a solas durante tres horas con los líderes sindicales Ignacio Fernández Toxo (CC OO) y Cándido Méndez (UGT) para cerrar un acuerdo sobre los años cotizados, el punto más conflictivo de toda la reforma. Finalmente, como deseaba el Gobierno para presentar una decisión tan impopular, la reforma contará con el respaldo sindical. No obstante, desde CC OO se asegura que aún faltan por conocer detalles para poner su firma al acuerdo.
Jóvenes y mujeres
Más allá de mantener la horquilla de jubilación entre 65 años con 38,5 años cotizados y 67 con 37, una de las principales claves para que los sindicatos aceptaran una propuesta que en principio les parecía insuficiente ha consistido en la posibilidad de beneficiar a los jóvenes y a las mujeres en este cómputo.
En el caso de los jóvenes, los periodos transcurridos como becarios podrán sumar a los años cotizados, con un límite de dos años, y permitir así llegar a esos 38 años y medio requeridos para retirarse a los 65. Se está estudiando el efecto retroactivo de esta medida para beneficiar también a aquellos que fueron becarios en 2007, aunque en cualquier caso se tendrá que acreditar debidamente este periodo de aprendizaje. Lo mismo ocurrirá con el periodo no cotizado y dedicado (mayoritariamente por la mujer) al cuidado de hijos: la persona que haya optado por esta solución podrá sumar nueve meses por hijo a su cotización, con un tope de dos años. No será para todas las mujeres, sino para aquellas que interrumpan su vida laboral para tener hijos.
En cuanto a la jubilación anticipada, se eleva de 61 a 63 años la edad mínima para acceder a ella, con una importante novedad: hasta ahora el trabajador tenía que pasar previamente por el desempleo para acogerse a este derecho, mientras que en adelante estará más ligado a la voluntariedad.
Respecto a las políticas activas de empleo, los sindicatos han logrado que el Gobierno diseñe una estrategia global para mayores de 55 años, con una ayuda que ya no será la de 350 euros ofrecida por el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez. La cuantía será mayor y su abono no dependerá de las comunidades, como se había sugerido, sino del Gobierno central. La ayuda estará en torno a los 400 euros.
También en negociación colectiva se han sentado las bases para el acuerdo, aunque habrá una segunda ronda de contactos para perfilarlo, pues sindicatos y patronal tienen hasta marzo para negociar. Este principio de acuerdo se plasmará probablemente en un comunicado conjunto que Gobierno, sindicatos y patronal harán público esta tarde.
El principio de acuerdo ha sido avanzado esta madrugada por la cadena Ser y ha podido ser confirmado poco más tarde por este periódico. En cualquier caso, se podrá seguir negociando después de mañana, cuando el Gobierno presente su anteproyecto de ley de reforma del sistema de pensiones. Pero solo detalles. “El viernes tenemos que despejar las incógnitas mayores”, señaló el secretario de Comunicación de CC OO, Fernando Lezcano, quien admitió que en los últimos días se habían acercado posturas. En esa línea se expresó Toni Ferrer, secretario de Acción Sindical de UGT, al constatar “avances”. Eso sí, ambos hablaron de conflicto y “confrontación” si no se logra el acuerdo básico mañana.

Cena en Moncloa con Méndez y Toxo para evitar una fracturaUn asunto crucial como la reforma del sistema de pensiones se negoció en un clima contrarreloj llegando a un principio de acuerdo con la intervención directa del presidente con los dos líderes de UGT y Comisiones Obreras. 
 
Hechos de Hoy / José Vidal 
De nuevo la cocina de La Moncloa bajo presión en el denominado pacto del alambre en el que José Luis Rodríguez Zapatero, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxointentaron salvar sus respectivas posiciones. Para UGT y Comisiones Obreras, presentarse como la palanca que paró los pies al presidente y la presión de los mercados, y obligó a negociar. Para el presidente, evitar un portazo con los sindicatos que en el PSOE se veía como golpe mortal y último ante las elecciones municipales y autonómicas.
En principio, el Ministerio de Trabajo informó oficialmente en la mañana de este jueves que Gobierno, la patronal y los sindicatos han alcanzado un principio de acuerdo para la reforma del sistema de pensiones. Este principio de acuerdo afecta al punto más espinoso en la negociación de la reforma del sistema de pensiones: los años cotizados necesarios para jubilarse.
Según este acuerdo, podrá haber jubilaciones a los 65 años conservando la pensión completa si se ha cotizado al menos durante 38 años y medio, por debajo de la última propuesta del Gobierno que llegaba hasta los 39 y a medio camino de la propuesta sindical de los 38 años. Para el resto de trabajadores, será necesario haber cotizado 37 años para jubilarse a los 67 años manteniendo la pensión íntegra. También ha habido un principio de acuerdo en materia de negociación colectiva y políticas activas de empleo.
Al constatar que no se llegaba a un acuerdo en las negociaciones de centrales sindicales y el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, Zapatero mantuvo una cena de larga sobremesa  con los líderes de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, y Cándido Méndez(UGT). Zapatero logró así que este acuerdo que aprobará el Consejo de Ministrosde este vernes, la frontera del día 28, se presente como fruto del pacto de Gobierno y sindicatos.
Con todo, como destacó Hechos de Hoy, la reforma del sistema de pensiones avanzó de forma decisiva con el voto particular de CiU y la aprobación por el Congreso de las recomendaciones del Pacto de Toledo. La Cámara concedió luz verde al Gobierno para que amplíe la edad de jubilación desde los 65 hasta los 67. El voto    particular de Convergència i Unió (CiU)  estableció que la transición se hará de forma “paulatina y flexible”. Y por último, ha quedado abierto el camino hacia un posible acuerdo social.
Queda por ver ahora la reacción de los mercados, la posición de la Comisión Europea, y el examen de Berlín y París donde no hace muy feliz -y es un secreto a voces- este clima de apresuramiento, parcheos, y rectificaciones del Gobierno de Zapatero en cuestiones fundamentales para la Union.

SEGUIRÁN NEGOCIANDO DURANTE ESTA MAÑANA
Acuerdo entre Gobierno y sindicatos: habrá que trabajar 38,5 años para jubilarse a los 65
Gobierno y sindicatos  acercan posturas sobre la reforma de las pensiones. En la madrugada del jueves  se ha alcanzado  un principio de acuerdo sobre el escollo principal, que no es otro que la prolongación de la vida laboral a los 67 años -de manera obligatoria- para carreras laborales que no lleguen a los 38,5 años. O lo que es lo mismo, nadie podrá jubilarse a los 65 años si previamente no ha empezado a cotizar a los 26,5 años, y lo hace, además, de forma ininterrumpida hasta la edad legal de retiro. Todo ello con un largo periodo transitorio que bien podría durar hasta el filo del año 2030 (el presidente Zapaterohabló de 2027). La norma entrará en vigor en 2013.
El endurecimiento para el cobro de una pensión no acaba aquí. Según se ha filtrado, aunque este extremo todavía no está confirmado, para jubilarse con la pensión íntegra a los 67, habrá que sumar una cotización de 37 años. Ahora se cobra el 100% de la pensión con 35 años trabajados.Igualmente, se amplia el periodo de cálculo de 15 a 25 años, lo que supone un recorte adicional de las pensiones al cotizarse (generalmente) más en los últimos años de vida laboral.
Durante la jornada de hoy proseguirán las conversaciones para ultimar un documento. “Las cosas están encarriladas, pero hoy se sigue trabajando”, han indicado fuentes sindicales, que añaden que todavía quedan flecos pendientes por resolver. Según ha confirmado el Ministerio de Trabajo mediante un comunicado, se espera que hoy “se cierren los capítulos pendientes”..
Con el Gobierno ‘empeñado’ en ampliar la edad de jubilación a los 67 años, el interés de los sindicatos era establecer excepciones lo más amplias posibles. Así, además de permitir a quien cotice 38,5 años jubilarse a los 65 años con la pensión completa, es muy probable que también puedan hacerlo los trabajadores con oficios penosos.
La oferta anterior (41 años), se trataba de un auténtico ‘trágala’ para los sindicatos que ni UGT ni CCOO estaban dispuestos a soportar. Claro está, al menos que fueran capaces de lograr otros objetivos estratégicos para las centrales sindicales, y que necesariamente pasaban, según fuentes de absoluta solvencia, por cerrar la posibilidad de que el Gobiernolegisle unilateralmente en la negociación colectiva. O más en concreto, cerrar la vía para acabar con la llamada ‘ultractividad’ de los convenios colectivos, que permite a los trabajadores mantener los derechos laborales aunque el convenio haya expirado.
El artículo 86 del Estatuto de los Trabajadores precisa que la vigencia del contenido normativo del convenio, una vez concluida la duración pactada, se producirá en los términos que se hubieren establecido en el propio convenio. Pero en su defecto se mantendrá en vigor el contenido normativo del convenio. Es decir, que los derechos no obligacionales (jornada o categoría) no desaparecen aunque no haya convenio.
Según las fuentes consultadas, los sindicatos necesitan un acuerdo para poner en valor la huelga general del 29 de septiembre. De esta manera, estarían en condiciones de convencer a sus bases de que aquél paro es el que ha hecho posible conseguir logros concretos en materias como la negociación colectiva o las políticas activas de empleo. El Gobierno, por su parte, necesita   el acuerdo por razones políticas (a cuatro meses de las autonómicas y locales), pero sobre todo para calmar a los mercados, que han convertido los 67 años en un auténtico ‘totem’. Sin apenas importales el resto de cuestiones que garantizan la solvencia del sistema.
¿Cuál es la solución para deshace el nudo gordiano? Pues vaciar de contenido el mito de los 67 años, estableciendo exenciones como la de los 38,5 años. O incluso excluir del retraso a determinados colectivos que por razones de peligrosidad o riesgo no están en condiciones de demorar la edad de jubilación. En este contexto de suavización de la reforma vía letra pequeña(incluyendo las carreras de cotización específicas de las mujeres o las cotizaciones de los becarios) se enmarca el posible acuerdo, que políticamente dejaríaaislado al Partido Popular.
Mensaje a los sindicatos
El Grupo Socialista sacó adelante este miércoles el retraso en   la edad de jubilación con los votos de CiU, PNV y Coalición Canaria, lo que supone, además, no sólo una señal al principal partido de la oposición. También un claro mensaje a los sindicatos. ‘Si no lo aceptáis, el Gobierno cuenta con mayoría suficiente en el parlamento’ para sacarlo adelante, viene a decir Moncloa.
¿Qué hacer ante esta disyuntiva? Pues los sindicatos han optado por tirar de pragmatismoy por situar a la negociación colectiva como pieza de cambio, y de paso descafeinando todo lo posible la prolongación de la edad de jubilación a los 65 años.
Según uno de los negociadores sindicales, pensiones y negociación colectiva forman parte del mismo paquete. Esto quiere decir que no habrá acuerdo si antes no se cierran otras concesiones. Por ejemplo, con una declaración sobre políticas industriales o política energética, y que, en cualquier caso, no pasaría de ser un mero enunciado de carácter general, pero con pocos puntos concretos. El Gobierno había dado de plazo a empresarios y sindicatos hasta el próximo 18 de marzo para discutir la reforma de la negociación colectiva. de lo contrario, se comprometía a legislar por su cuenta (y riesgo).
El problema de vestir un santo, como sostiene el refrán popular, es que se puede dejar desvestido a otro, en este caso los empresarios, que han convertido la ultractividad en un asunto central. El nuevo jefe de CEOE, Joan Rosell, es, sin embargo, mucho más realista que su antecesor, Gerardo Díaz Ferrán, y no parece dispuesto tirar todo por la borda en aras de lograr ese objetivo. Otra cosa es que logre sacar adelante alguna de las viejas reivindicaciones de la patronal, que pasan por rebajar las cotizaciones sociales.
Como quiera que este objetivo se presenta, también, como una quimera en un contexto de restricción presupuestaria, la CEOE sí podría lograr aumentar las bonificaciones a determinados tipos de contratos, lo que en última instancia significaría una reducción de los costes laborales. Y de paso, las empresas lograrían dar un mensaje a los mercados de que las reformas en España van adelante, lo que en última instancia favorece su financiación, su verdadero cuello de botella.
Más información:

Be the first to like this post.
Aún no hay comentarios.

Dejar un comentario

Por noticias-alternativas - Publicado en: NOTICIAS - Comunidad: POLITICA Y PSICOLOGIA 
- Recomendar         - Escribir un comentario
Volver a la página principal

lunes, 24 de enero de 2011

Miles de trabajadores ridiculizan a CCOO y UGT en Sevilla


Miles de trabajadores ridiculizan a CCOO y UGT en Sevilla
Más de 40.00 personas se han manifestado en Sevilla para frenar el enchufismo en la Junta de Andalucía. CC.OO, UGT, IU y PSOE, obviamente, no convocaron.
Kaos. Andalucía | Insurgente | 23-1-2011 a las 15:30 | 1689 lecturas | 15 comentarios
www.kaosenlared.net/noticia/miles-trabajadores-ridiculizan-ccoo-ugt-sevilla
     

Más de 40.00 personas se han manifestado en Sevilla. Sindicatos como CGT, USTEA, SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores) y CSIF, junto a decenas de  organizaciones  convocaron  para frenar el enchufismo en  la Junta de Andalucía. CC.OO, UGT, IU y PSOE, obviamente, no convocaron. 
Miles de personas, unas 50.000 según los organizadores, se han manifestado este sábado en la capital andaluza contra el decreto ley de reordenación del sector público y han pedido su "derogación inmediata" al entender que se trata de una norma "impuesta e inconstitucional". Esta protesta ha sido convocada por un total de 14 organizaciones entre sindicatos y plataformas de empleados públicos.
    En declaraciones a los medios de comunicación al inicio de la marcha --que ha partido de la sede del Gobierno andaluz en el Palacio de San Telmo y ha terminado en el Parlamento de Andalucía--, la responsable de Administración autonómica de CSI-F, Alicia Martos, ha señalado que el motivo de esta protesta es "volver a decir, como lo llevamos diciendo desde hace seis meses, que este decreto es una norma impuesta, inconstitucional e ilegal que propicia la falta de  independencia de la Administración pública".
    Según ha insistido Martos, el decreto de reordenación del sector público "vacía a los andaluces de un derecho patrimonial que debe estar en sus manos, como es el de una Administración pública independiente, imparcial y eficaz". Por ello, pretenden que "todos los políticos tomen nota y sean conscientes de este grado de disconformidad totalmente generalizado de los empleados públicos andaluces".
    Además, la portavoz de CSI-F ha aclarado que esta movilización de los empleados públicos "no es para pedir más dinero o mejores condiciones laborales", ya que lo que desean es que "se cumpla la constitución y que todos los empleados públicos presten servicio a los ciudadanos con objetividad y eficiencia". "Y si el presidente de la Junta de Andalucía --José Antonio Griñán-- no lo entiende es porque, o hace oídos sordos desde hace muchos meses, o porque sencillamente tiene una ceguera a propósito", apostilla.
    También la portavoz de la Plataforma de Empleados Públicos de Andalucía (PEPA), Auxiliadora Honorato, ha manifestado el "rechazo absoluto" a este decreto por parte de los trabajadores a los que representa. Sobre todo, recalca, porque con la reordenación que prevé aprobar el Parlamento "el servicio público dejará de prestarse en el ámbito del derecho administrativo con las garantías de objetividad, imparcialidad e igualdad de acceso que eso supone y pasará a prestarse en el ámbito de las Agencias, donde lo que impera es el derecho privado".
    Al respecto, Honorato ha lamentado que "dentro de las Agencias no se podrá garantizar la gratuidad del servicio público porque el propio decreto dice que éstas tienen que rentabilizar sus costes, lo que significa que los ciudadanos van a tener que pagar más por los mismo servicios".
    Por su parte, la secretaria de Acción Sindical de Ustea, Rocío Luna, ha querido destacar que este decreto "es una pérdida de derecho no sólo para los empleados públicos, que también, sino para todos los ciudadanos". De ahí que haya insistido en que esta norma "es una pérdida de derechos" porque, en su opinión, "pone a la Administración en manos de quien gobierne". Para evitarlo, ha recomendado a los responsables del Gobierno andaluz que hagan como en las comunidades de Extremadura, Navarra o Castilla La Mancha, "donde no han mezclado en la vida empresas públicas con la Administración general". "No se puede mezclar unos trabajadores con otros ni se le puede dar potestad administrativa a quien no la tiene por ley, ni por la Constitución", ha concluido.
MANIFIESTO EN EL PARLAMENTO
    Tras llegar al final de la manifestación, en el Parlamento de Andalucía, se ha dado lectura a un manifiesto conjunto de las 14 organizaciones convocantes: CSIF-A, CGT-A, USO, Ustea, SAT, Safja, Plataforma de Empleados Públicos (PEPA), Plataforma de Opositores y Funcionarios de la Junta de Andalucía, Asociación El Tercer Lado, Plataforma de Enseñanza Pública de Andalucía, Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía, Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA), Asociación Piensa-Volens y 'Defiendo mi derecho y la gestión pública'.
    Así, han querido manifestar, en primer lugar, que con este decreto "se ataca a la ciudadanía, que pierde, en el tratamiento de los procedimientos administrativos, garantías de transparencia, imparcialidad y objetividad" y, en segundo lugar, que se "ataca a quienes opositan y optan legítimamente a su derecho de acceso al empleo público bajo los principios de Igualdad, mérito, capacidad y publicidad". Por último, han señalado a los trabajadores del sector público andaluz como los otros "atacados", ya que "se limita su movilidad geográfica y promoción".
    Por todo ello, recalcan, se oponen a "un modelo de reordenación que legalice situaciones irregulares" y rechazan las Agencias "o cualquier otra fórmula de administración paralela o de gestión privada". "Queremos un modelo de reordenación en el que las potestades públicas sean ejercidas de forma independiente y en defensa del interés general, con objetividad e imparcialidad, por funcionarios públicos", explican.
    De no conseguirlo, las 14 organizaciones convocantes están dispuestas a "seguir en la lucha". "La esperanza nunca se pierde y queremos que, con el día de hoy, todos los grupos políticos se den cuenta de que esto es una gran irresponsabilidad", ha señalado Martos, de CSI-F.
ep

Una multitud de funcionarios sale a la calle en Andalucía
Público 
En un clima de hartazgo e indignación, una multitud se echó este sábado a la calle en Sevilla para exigir a José Antonio Griñán que frene su reforma del sector público andaluz y la empiece de cero. El decreto de julio encendió un descontento que la Junta no ha logrado apagar ni con su acuerdo con CCOO y UGT, ni con su nuevo decreto de diciembre, ni con la tramitación parlamentaria en curso. Decenas de miles de personas -la mayoría trabajadores públicos y opositores- se manifestaron en su segunda exhibición de rechazo a la reforma, tras la de noviembre.
José María Herrera, portavoz de la Plataforma de Empleados Públicos (PEPA), cifró "entre 70.000 y 80.000" los asistentes, algo que hasta los entusiastas veían exagerado. El sindicato CSIF, una de las 14 asociaciones convocantes, dejó la cifra en 50.000. Policía local y nacional señalaron a Europa Press que habían sido "entre 7.500 y 8.000". No obstante, agentes que seguían la marcha a pie afirmaron haber visto "pocas manifestaciones así" y daban por buena una cifra superior a 20.000. Datos aparte, la manifestación ofreció esas imágenes masivas de calles atestadas de gente bajo un abigarrado mar de banderas que convierten en un éxito innegable toda protesta. Y eso sin el apoyo de CCOO y UGT.
La idea de que la reforma generará "enchufismo" ha calado muy hondo 
Hizo frío, pero lució el sol. Encabezada por un cartel que rezaba "Por un sector público de calidad, no a la privatización", la marcha arrancó en el Palacio de San Telmo a mediodía y se disolvió frisando las tres de la tarde junto al Parlamento. Lola Rodríguez, portavoz de la Plataforma de Opositores y Funcionarios, leyó allí el manifiesto consensuado, que exigía "derogar los decretos 5 y 6 de 2010 y paralizar el actual trámite parlamentario, que consideramos un mal clon". "No queremos -añadía- que se fomente la administración vertical con intereses partidistas y que, a golpe de ordeno y mando, de arriba a abajo, se presione a los empleados públicos, despojados de herramientas jurídicas para ejecutar su imparcialidad".
Incertidumbre
Según los sindicatos (CSIF, Ustea, Safja, SAT, USO...), la reforma genera incertidumbre, opacidad y discrecionalidad; compromete la independencia del trabajador, sometido a cargos medios y altos designados por criterios ajenos al mérito y la capacidad; abre la puerta a una confusión entre funcionarios y empleados sin oposición; abona el camino a la privatización... La palabra "enchufismo" circulaba por doquier. Muchos admitían que el decreto ha sido el detonante, pero que el cabreo de la mayoría viene de atrás y no es ajeno ni al recorte de sueldo ni al deterioro general del tejido público. "Pumba, pumba, pumba, el cortijo se derrumba", fue uno de los cánticos más coreados.
Los manifestantes quieren paralizar también el trámite parlamentario 
Las agencias públicas estaban en el centro de todas las críticas. "Esto mete a unos recién llegados en el mismo bombo que a nosotros. ¿Y por qué lo negocian con CCOO y UGT, que no son más del 30% aquí. Se tenía que haber visto en la mesa sectorial", protestaba Carlos, de 40 años, funcionario en la Consejería de Turismo, que presumía de saberse el decreto al dedillo. Un veterano empleado público de Córdoba, que prefería no dar su nombre, protestaba: "Me van a pasar de fijo a indefinido". Pero eso no lo dice el decreto. "No lo he leído" admitía, antes de empezar a porfiar de repente contra "los políticos corruptos".
María Teresa, de 53 años, no se manifestó cuando le bajaron el sueldo porque, como mujer de izquierdas, creía que le tocaba "arrimar el hombro". ¿Qué pierde ahora con el decreto? "Yo nada. Soy funcionaria de Empleo en Granada con doble adscripción y puedo volver a depender del Estado. Es por el deterioro del servicio. Queremos independencia y no depender de los niñatos Loreal, enchufados porque ellos lo valen", explica. "Yo soy director de una oficina de empleo en Dos Hermanas", cuenta Pedro Javier Rebollo, de 48 años y liberado sindical de CSIF. "El próximo director entrará sin oposiciones", pronosticaba. Y añadía: "Respecto a que estamos con el PP, digo bien claro el PP ha sido el partido que peor ha tratado a los funcionarios".
Enrique Ogallas, de 41 años, asesor de microinformática en Córdoba, afirmaba: "Mis posibilidades de promoción se han ido por el desagüe. Cuando coloquen a todos los amigos del PSOE, no quedará tarta para nadie".
Más información:




Si quieres contribuir a que Kaos en la Red pueda seguir publicando artículos como este, puedes hacer tu donación en:
Paypal (seguro y permite diferentes formas de pago)
Microdonación de 2 euros
 
Donación de importe libre